Turismo y Ordenamiento Territorial: a propósito de Playa Blanca
El ordenamiento territorial de las ciudades surge como una necesidad para su defensa. La guerra dio origen al urbanismo. En Cartagena el ordenamiento de su territorio debe ser el arma eficaz para declararle la guerra a la desigualdad y la pobreza en que nos han sumido las políticas públicas de ordenamiento de los dos últimos siglos.
El ordenamiento territorial moderno es una noción sociológica compleja que va mucho más allá de una simple organización geográfica espacial del territorio. Este instrumento de planeación conlleva la orientación política-administrativa de todas las funciones sociales ligadas a la economía, cultura y medio ambiente.
La visión de Cartagena que trae nuestro plan de Ordenamiento Territorial vigente es de una ciudad construida para la gente, basada en las actividades turística, portuaria e industrial. Pero en la medida en que estas actividades crecen de forma exponencial, especialmente la turística (que para el año pasado registró uno de sus más altos índices de crecimiento), la pobreza y la desigualdad lo hacen en el mismo sentido. Precisamente, para el mismo periodo estos indicadores tuvieron un crecimiento similar. ¿Por qué esta disfunción?
Para este análisis nos ocuparemos solamente de la actividad turística porque, a nivel mundial, sobre todo en los países en vías desarrollo, sabemos que el turismo es una de las actividades que más exacerban las desigualdades. Ejemplo de ello es Cuba, país al que, a pesar del ser el único bastión socialista del mundo, el turismo ha sido capaz de dividir con una desigualdad tan grosera que avergüenzan las ideas socialistas.
¿Dónde comenzó todo? Podríamos decir con el juglar Leandro Díaz “que fue Diomedes el que comenzó con su chinchorro de cabullita”, pero la verdad es que el ordenamiento territorial de Cartagena, desde principios de siglo hasta la fecha, ha recurrido a la misma herramienta para fomentar el turismo: la erradicación y extrañamiento de las comunidades negras y pobres de la ciudad y las falsas promesas.
Cuando se inaugura en Colombia la reforma socialista de la Constitución del año 36, en Cartagena, para el año 1937, con el ánimo de convertir la ciudad en un emporio turístico, se da la erradicación de los tugurios de Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, y se trasladan sus habitantes al sector de Canapote, en las faldas del cerro de la Popa, sin ningún tipo de política pública de reasentamiento. Los resultados hoy son visibles. Luego fue el turno para Chambacú, pero de una forma mucho más radical y despiadada, como hacían los persas en la antigüedad. Fueron diseminados en los barrios periféricos de la ciudad en donde los veían como bichos raros y peligrosos por la fama que de esa ‘Zona Negra’ se hacía en los medios de comunicación de la ciudad.
Después de la erradicación, sigue el extrañamiento. Todas las políticas públicas locales y nacionales se han dirigido a mejorar los sectores privilegiados de Cartagena; sobre todo, las zonas aptas para el turismo, ahondando más la brecha de la desigualdad. Pero fue el traslado del mercado público de Getsemaní a Bazurto lo que logró concretar la meta de las políticas públicas erradas en materia de ordenamiento territorial: crear otra Cartagena.
Pero el turismo, que nos ha dividido en dos ciudades distintas, puede ser el gran motor para cerrar la brecha si somos capaces a través del ordenamiento territorial y el encadenamiento de los ciclos productivos de la industria de involucrar en el proceso a la población de las comunidades marginales.
El problema de Playa Blanca es un problema estructural serio, que no solo pasa por la informalidad de la oferta de los servicios turísticos sino -además – por el desprecio de los agentes turísticos hacia la mano de obra local poco calificada y el déficit cualitativo de espacio público recreacional de la ciudad. Playa blanca se ha convertido en el sitio recreacional por excelencia de los barrios pobres de Cartagena que con poninas de barrio reúnen recursos para contratar un bus y pasar un día de esparcimiento en familia. Tenemos que crear espacios públicos de calidad en donde las familias de escasos recursos puedan esparcirse a un menor costo que organizar un viaje a Playa Blanca.
Desde luego que tenemos que organizar Playa Blanca, pero sin medidas de choque impulsadas por los agentes turísticos monopolísticos y la prensa a su servicio. Con la Ley del Plan de Desarrollo, que permite que el Gobierno Nacional acompañe los procesos de formalización de los ocupantes del espacio público, se puede estructurar una reorganización de los agentes turísticos informales de Playa Blanca. La presencia del Gobierno Nacional en el ordenamiento de esta playa se hace indispensable por la concurrencia de competencias que involucra este proceso y porque se hace necesario recuperar parte de las playas invadidas, redistribuyendo los espacios disponibles de forma igualitaria y con un mobiliario caribeño y atractivo al turista.
Playa Blanca es una buena oportunidad para que la nueva administración comience un plan para cerrar la brecha.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.