Pan y circo
La estrategia se mantiene aún en nuestros tiempos, y como la del criterio de amigo – enemigo y enemigo externo en la confrontación política, planteada por Carl Schmitt, son de uso recurrente y coinciden, ambas, en el fin: mantener al pueblo con miedos y alejado de la realidad que lo daña. Por eso las elecciones se ganan con pasteles, ron y azuzando al coco del castrochavismo; ahora con los cachos de la extrema izquierda; y con muchos pobres para que haya un mercado disponible y abundante donde comprar votos, para lo que también se requiere de mucho dinero.
Ahora resulta que el hambre, el desempleo, la exclusión social y la ausencia de dignidad son principios democráticos –se deduce de la narrativa de las elites del poder – que hay que preservar para que el país no ruede por el despeñadero a donde los conducirían los demagogos reformistas para quienes la necesidad de garantizar jurídicamente la realización de los derechos fundamentales y sociales es un imperativo del Estado materialmente realizable.
Desde esa lógica, unas minorías defienden la tesis según la cual es menos grave mantener una democracia formal (prevaricato en el Congreso de la República con la derogatoria de la Ley de Garantías, asalto a la riqueza pública a través de la contratación, cooptación de los órganos de control, exigencia del registrador nacional a que no participen en el proceso eleccionario quienes no acepten sus garantías) a promover una continua, a la que se refiere Dominique Rousseau, donde el pueblo puede retornar su condición de constituyente primario cada vez que así lo desee; no importa la elección de sus representantes en los órganos de poder porque solo él y nadie más puede definir su voluntad política.
En su última investigación de desarrollo social, el Banco Mundial encontró que Colombia no solo es el país más desigual entre los asociados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE – sino que también ostenta el deshonroso puesto de ser el segundo más desigual de América Latina y el Caribe. La desigualdad, contrario a lo que pretenden hacer creer algunos, no es consecuencia de la pandemia; esta solo evidenció la vergüenza de un país que se jactaba en el vecindario de ser el que más crecía en su PIB.
Patético es el caso de Cartagena, una ciudad sitiada por la pobreza, el hambre, la inseguridad, la corrupción, la indolencia de su dirigencia pública y privada y por la tragedia de la pandemia.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE-, de cada 100 hogares en la Ciudad Heroica, prácticamente 70 no cuentan con los ingresos suficientes para comer tres veces al día. Y a pesar de que 129 mil personas, el 13% del total de la población, sobreviven con menos de $5.000 pesos diarios – datos de ‘Cartagena Cómo Vamos’ – el alcalde de la Localidad 2 comprometió $3.000 millones del presupuesto en la compra de libros innecesarios, porque los temas objetos de la contratación ya han sido desarrollados en cartillas editadas por los Ministerios, y en alcohol y gel. Esto parece más un asalto de aquellos que se perpetraban a las diligencias que transportaban tesoros en el lejano oeste de los EEUU que a la actuación seria, mesurada y prudente que le corresponde a un gobernante consecuente con el hambre y el sufrimiento que le toca sobrellevar a la comunidad que gobierna.
Con el anuncio oficial de la programación de las Fiestas de Independencia el pueblo gozará mientras padece su pobreza, el hambre, el desempleo y la vulnerabilidad. El panem et circenses sigue siendo una sátira en la actualidad.
Mientras tanto, y no obstante ser uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo, y a pesar de la crisis del sistema capitalista actual -sin futuro, como lo sostiene Pikkety – por profundizar las desigualdades y agotar el planeta, los autopostulados candidatos del establecimiento tradicional a la Presidencia de la República nada hablan de los temas que atraen la atención del debate político en el mundo: redistribución de la propiedad, más neoliberalismo o Estado social, sistema de cogestión para garantizar representación a los trabajadores en los consejos directivos de las grandes empresas, libre mercado – formal- o intervencionismo de Estado para evitar luchas de clases, herencia mínima para la población más pobre, renta básica universal, crecimiento económico con justicia, energías limpias, desforestación y cambio climático, etc.
* Abogado, con especialización en Gestión de Entidades Territoriales y en Desarrollo Social; exdirector Territorial para Bolívar del Ministerio del Trabajo. Doctrinante.