Los peajes urbanos
Aunque la idea es concebida en Europa por la década de los años 60, es en Singapur en el año de 1975 donde se inaugura este sistema, seguido por Hong Kong para el año de 1985. La iniciativa surge después de analizar los costos del impacto causado por las externalidades negativas producidas por los trancones del tráfico y el crecimiento acelerado del parque automotor, en un país y una región autónoma con un crecimiento exponencial en sus economías y, por ende, de una clase media que demandaba con avidez bienes y servicios.
El hecho de que tanto Singapur como Hong Kong sean modelos urbanos a seguir para muchas ciudades en países en vías de desarrollo nos da una muestra que el sistema, per se, no es malo, sino que hay que analizarlo en perspectiva; pero no del sistema sino del modelo de negocio que cada ciudad estructure para la prestación del servicio.
El sistema, en términos económicos y de externalidades positivas, puede resultar en una gran alternativa de interés general en países en vías de desarrollo. El problema es que no solo brinda una oportunidad legítima y legal de negocios al que suscriba la concesión del servicio y comodidad a sus usuarios y a la comunidad en general, sino también a quienes, indebidamente, se apropian de lo público. En términos económicos, una tarifa apropiada puede resultar más barata que el costo de la pérdida de tiempo por los fenómenos del embotellamiento del tráfico, gastos de combustible y horas de servicios del automotor; y para la comunidad en general, mejores vías y un mejor medio ambiente.
En Colombia, el meollo de este negocio se encuentra en su estructuración, por los problemas de corrupción que hay en el país no solo en su clase política y gobernante sino, además, en empresarios inescrupulosos que se prestan para todo tipo de vejámenes en contra del bien común, a cambio de la entrega de una concesión de peajes que, en muchos casos, ni siquiera cumple con los requisitos de transparencia y pluralidad de oferentes que las normas exigen.
Para el caso de la Concesión Vial del Corredor de Acceso Rápido del Distrito de Cartagena, desde su adjudicación en el año de 1998 por la administración Curi Vergara, el contrato ha venido siendo controvertido por varios actores políticos y la ciudadanía en general, porque el modelo de negocio no fue el mejor. Pero desde el año de 2015 lo que se viene cuestionando es la permanencia de la concesión y el cobro de los peajes, habida cuenta de que, para la Contraloría Distrital y la General de la Nación, la Tasa Interna de Retorno-TIR – ya se encuentra satisfecha.
Esto no demuestra que el sistema sea malo, pero sí ratifica lo anteriormente dicho, en el entendido de que esta clase de negocios se presta para que aprovechados de todos los pelambres, amparados en la complejidad de la naturaleza de estos contratos, manipulen sus indicadores de acuerdo a los intereses torcidos que persiguen, porque no se explica cómo pasados cinco años de que, supuestamente, se haya recuperado la inversión, no sepamos los usuarios del servicio si ya se cumplió o no la TIR.
Por ello existen solo dos posibilidades: O estamos frente a unos particulares tramposos y delincuentes, o frente a unas administraciones distritales y organismos de control que lo que han pretendido es chantajear a la Concesión Vial.
A estos interrogantes no escapa la actual administración, porque la supervisión del contrato que ostenta le impone el deber de defender el patrimonio del Distrito y de los usuarios del servicio; y, así mismo, la carga de saber con claridad y precisión, pasado un año de ejercerla, si ya se cumplió o no la renombrada TIR. Pero, lejos de observar su deber de vigilancia y cuidado lo que ha hecho es, evocando la crisis económica originada por la pandemia, congelar el precio de las tarifas de los peajes, avalando con ello el hecho de que dicha tasa de retorno no se ha cumplido.
Por eso es sorprendente e irresponsable por parte del burgomaestre que salga a rasgarse las vestiduras, y a instigar la desobediencia civil, por las noticias rancias de la Contraloría General de la Nación de la apertura de una investigación fiscal por un presunto detrimento al considerar que ya se satisfizo la TIR, siendo él tan responsable de la situación como lo son todas las administraciones pasadas.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.