Inundaciones recurrentes en Cartagena de Indias
01 Nov 2026
Por Álvaro Viloria Romero *
Cartagena de Indias no se inunda solo cuando llueve. Se inunda porque su territorio ha sido históricamente organizado de manera que concentra el riesgo sobre los más vulnerables y externaliza los costos de una urbanización desigual.
El aguacero de aproximadamente cuatro a cinco horas del 24 de octubre de 2026, que dejó al menos 376 viviendas afectadas en 24 barrios y sectores, no fue un evento extraordinario; fue la reiteración previsible de un patrón que se repite con cada temporada invernal intensa.
Calles convertidas en torrentes, vehículos arrastrados, interrupción del acueducto para cerca del 15% de los usuarios y la suspensión de la inauguración del Gran Malecón del Mar no constituyen “la furia de la naturaleza”, sino la expresión material de décadas de decisiones territoriales, omisiones de mantenimiento y una gobernanza del riesgo que privilegia la gestión mediática de la emergencia sobre la transformación estructural del problema.
A ello se suma, desde el 27 de octubre, la alerta de la Dimar por marea alta asociada al fenómeno de sizigia, que eleva el nivel del mar muchos centímetros y amenaza con inundaciones adicionales en zonas costeras bajas, incluido el Centro Histórico, especialmente si se combinan con nuevas precipitaciones.
El desastre como construcción social
La literatura sobre riesgos urbanos ha establecido con claridad que los desastres no son naturales, sino que son el resultado de la intersección entre una amenaza (precipitación concentrada o marea astronómica) y una vulnerabilidad socialmente producida. En Cartagena, esa vulnerabilidad se ha consolidado a través de tres procesos interrelacionados.
En primer lugar, un sistema de drenaje pluvial crónicamente insuficiente y deliberadamente degradado. Los canales, caños y redes de alcantarillado carecen de capacidad hidráulica para evacuar caudales pico. Esta limitación técnica se agrava de manera decisiva por la acumulación sistemática de basuras, escombros y residuos.
La propia Administración Distrital reconoce este factor, pero lo presenta preferentemente como un problema de “cultura ciudadana”. Dicho diagnóstico es parcial y políticamente conveniente pues omite que la obstrucción de los sistemas de evacuación es también el resultado de una recolección irregular, de la ausencia de alternativas reales de disposición en barrios populares y de la falta de control efectivo y sostenido.
Limpiar canales con maquinaria amarilla después de cada temporal es una operación necesaria, pero funcional al mantenimiento del status quo ya que se interviene el síntoma para no confrontar la causa.
En segundo lugar, una geografía del riesgo profundamente desigual. Barrios como Villa Rosita, Olaya Herrera, El Pozón, Fredonia, Las Palmeras, San Fernando, Nelson Mandela y Policarpa concentran de manera reiterada los mayores impactos.
Estos no son territorios “naturalmente” inundables en abstracto; son espacios donde la expansión urbana informal o popular se produjo sobre zonas de bajo relieve, sin la infraestructura de mitigación proporcional y sin un ordenamiento territorial que priorizara la protección de la vida sobre la consolidación de la ocupación.
La vulnerabilidad aquí no es solo física, es también socioeconómica. Las familias que habitan estas zonas disponen de menor capacidad de recuperación, menor acceso a seguros y mayor dependencia de redes informales de subsistencia que se interrumpen con cada inundación. Así, cada evento profundiza la precarización.
La nueva alerta de marea alta por sizigia pone de relieve, además, la exposición de zonas históricas y turísticas, mostrando que el riesgo no se limita a la periferia popular.
En tercer lugar, una institucionalidad atrapada en el cortoplacismo. La respuesta a los eventos de los últimos días, (activación de protocolos, despliegue de Bomberos y OAGRD, censo de afectados) demuestra capacidad operativa reactiva.
Sin embargo, la persistencia de aguas estancadas 24 horas después y los reclamos ciudadanos revelan los límites de esa capacidad cuando el sistema de drenaje está colapsado. La fragilidad de la infraestructura crítica (estaciones de bombeo de acueducto dañadas por la tormenta eléctrica) evidenció la ausencia de redundancia y de visión sistémica.
La alerta de marea alta anunciada con claridad por la Dimar pone a prueba nuevamente si la ciudad dispone de medidas preventivas reales o solo de comunicados de emergencia.
La retórica de la resiliencia y sus silencios
Cartagena ha adoptado, como muchas ciudades latinoamericanas, el lenguaje de la “resiliencia climática” y la “gestión del riesgo de desastres”.
Ese lenguaje, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en una retórica que neutraliza la crítica.
Hablar de resiliencia sin redistribuir el riesgo, sin cuestionar el modelo de ocupación del suelo y sin garantizar mantenimiento permanente es, en la práctica, pedir a las comunidades más expuestas que se adapten a una vulnerabilidad que no eligieron.
La responsabilidad ciudadana existe pues el arrojo de residuos a los canales es real, pero no puede invocarse de manera aislada mientras el Estado no cumpla su parte en la provisión de infraestructura, control y alternativas.
El cambio climático y los fenómenos astronómicos (como la sizigia) actúan como amplificadores, no como causas exclusivas. La mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos eleva la presión sobre un sistema ya tensionado.
Atribuir las inundaciones principalmente al clima o a la marea permite, de nuevo, desplazar la responsabilidad hacia factores externos, en lugar de confrontar las decisiones locales y nacionales que han construido el riesgo.
Más allá de la emergencia, condiciones para una ruptura del ciclo
Romper el ciclo de las inundaciones recurrentes exige abandonar la lógica de la gestión episódica.
Se requiere, en primer lugar, un Plan Maestro de Drenaje Pluvial con criterios de resiliencia real, financiado de manera plurianual y sometido a control público de avances.
En segundo lugar, un programa permanente de mantenimiento preventivo de canales, con indicadores verificables y participación comunitaria en el monitoreo.
En tercer lugar, la integración efectiva del ordenamiento territorial con restricciones o procesos de reubicación planificada y digna en zonas de riesgo no mitigable, acompañada de alternativas habitacionales.
En cuarto lugar, políticas de control de residuos que combinen educación, sanciones y, sobre todo, servicios públicos eficaces.
Finalmente, la articulación entre infraestructura gris y soluciones basadas en la naturaleza (restauración de humedales urbanos, zonas de retención) que recuperen la capacidad de amortiguación del territorio, junto con medidas específicas frente a la amenaza de marea alta en zonas costeras bajas.
Estas medidas no son meramente técnicas. Son profundamente políticas e implican disputar presupuestos, confrontar intereses inmobiliarios y de ocupación informal, y reconocer que la protección frente al riesgo hídrico es una cuestión de justicia espacial.
Mientras la respuesta continúe limitándose a la limpieza post-evento, a las alertas de emergencia y a la narrativa de la “conciencia ciudadana”, cada temporada de lluvias y cada fenómeno de sizigia reproducirá el mismo escenario: barrios populares anegados, zonas históricas amenazadas, familias damnificadas y una ciudad que declara emergencia sin alterar las condiciones que la producen.
Las inundaciones de Cartagena no son una fatalidad, son el resultado de una forma particular de producir y administrar el territorio.
Mientras esa forma no se transforme, el agua ya sea de lluvia o de marea seguirá ocupando el lugar que la planificación y la desigualdad le han asignado.
* Ingeniero civil, especialista en Análisis y Gestión Ambiental, Gerencia Pública, Consultoría Ambiental y Gerencia de Proyectos de Construcción. Gerente de Proyectos de Enterritorio SA y exgerente de Aguas de Bolívar SA-ESP;
Las opiniones expresadas por el autor de esta columna no reflejan necesariamente las de la institución donde trabaja.
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