Getsemaní, la vitrina del desalojo
27 Sep 2026
Por Álvaro Viloria Romero *
En este segundo escrito sobre Getsemaní analizaremos los motores teóricos, institucionales y normativos de la gentrificación en el icónico barrio cartagenero Getsemaní, así como las respuestas comunitarias y el Plan Especial de Salvaguardia -PES – ‘Vida de Barrio’ (leer ‘Getsemaní, el arrabal histórico‘).
A partir de las categorías de la geografía crítica -la brecha de renta de Neil Smith, la producción del espacio y la acumulación por desposesión de David Harvey-, la transformación de este barrio no es un fenómeno natural de mercado, sino un proceso institucionalmente asistido. El PES ‘Vida de Barrio’, aprobado en 2025, constituye un hito normativo relevante, pero enfrenta una tensión de fondo ya que se apoya en la cultura como objeto de protección sin tocar necesariamente las causas económicas de la expulsión. Si no altera la estructura de incentivos, puede convertirse en una «gobernanza cultural de la gentrificación».
En el primer artículo se documentó el colapso poblacional de Getsemaní y la erosión de su «vida de barrio». Este segundo artículo responde a una pregunta complementaria: ¿por qué ha ocurrido esto y qué se está haciendo al respecto? Y reitero: la gentrificación de Getsemaní no es un fenómeno natural de mercado, sino un proceso institucionalmente asistido. La patrimonialización, la brecha de renta, la asimetría tributaria y la regulación selectiva del suelo han creado un entorno favorable al capital turístico e inmobiliario. El PES ‘Vida de Barrio’ representa un avance indispensable, pero enfrenta una tensión de fondo: proteger la cultura sin transformar las estructuras económicas que la expulsan.
1. Motores teóricos de la gentrificación
1.1 La brecha de renta
El motor central de la gentrificación es la «brecha de renta» formulada por Neil Smith, que explica la existencia de una brecha entre la renta actual del suelo degradado en el Getsemaní residencial de antaño y la renta potencial que los inversionistas podían extraer al transformarlo en comercios de lujo, es decir, la diferencia entre el uso actual del suelo y el uso potencial más rentable. En Getsemaní, esa brecha es enorme. Una casa colonial deteriorada puede generar como vivienda un alquiler de unos cientos de miles de pesos pero transformada en hotel boutique o restaurante puede producir decenas de millones. Esa diferencia crea incentivos poderosos para expulsar inquilinos y cambiar de uso.
Investigaciones de la Universidad Santo Tomás, basadas explícitamente en las teorías de Smith y Harvey, han documentado esta correlación directa entre las políticas turísticas implementadas desde los años 70’s y el proceso de gentrificación. La brecha de renta no es un dato natural, es el resultado de décadas de marginalidad institucional que depreciaron el suelo de Getsemaní, seguidas de una revalorización súbita propiciada por la patrimonialización y el auge turístico.
1.2 Producción del espacio y acumulación por desposesión
David Harvey aporta una capa adicional de análisis con su concepto de «acumulación por desposesión» que expone cómo el capital privado coloniza el espacio público y despoja a las comunidades de sus territorios históricos, es decir, el capital, ante crisis de sobreacumulación, y busca nuevos espacios para absorber excedentes, colonizando ámbitos como la vivienda, los servicios públicos y el patrimonio cultural. En Getsemaní, el espacio público fue privatizado simbólicamente mediante la mercantilización de la nostalgia colonial y la estética de la pobreza; la «pobreza pintoresca» expresada en grafitis y fachadas coloridas.
La producción del espacio para el consumo implica que el barrio deja de ser un lugar de vida para convertirse en un escenario. La Plaza de la Trinidad pasó de ser el epicentro de la asamblea comunitaria a convertirse en una terraza comercial privatizada de facto para el consumo de turistas. Los bares, discotecas y zonas de tolerancia turística alteraron drásticamente las dinámicas vecinales. La demanda turística sostiene ese cambio ya que Cartagena recibe millones de visitantes al año, y Getsemaní, con su ambiente «auténtico» y su vida nocturna, se ha vuelto un destino privilegiado. Publicaciones internacionales como Forbes lo ubicaron entre los mejores barrios del mundo.
1.3 La patrimonialización como punto de partida
El proceso tiene un hito institucional claro: la declaratoria de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. Esa «puesta en valor» insertó todo el Centro Histórico, incluido Getsemaní, en una nueva economía simbólica y material. La ciudad amurallada se convirtió rápidamente en objeto de inversión turística, y así Getsemaní recibió el desborde. En 1989, durante la Alcaldía de Manuel Domingo Rojas, el plan de desarrollo introdujo el concepto de «corredor turístico», buscando conectar funcional y espacialmente a Getsemaní con el centro amurallado. Al mismo tiempo, la normativa de protección patrimonial comenzó a regular las intervenciones en los inmuebles, supuestamente para conservarlos, pero también para hacer previsible la inversión privada.
2. El impulso institucional: impuestos, normas y «mejoras»
La gentrificación no ocurre sin el Estado. En Getsemaní, al menos tres mecanismos institucionales han sido decisivos. Primero, la asimetría tributaria: líderes comunitarios han denunciado que inmuebles de uso comercial tributan como residenciales, lo que subsidia de hecho la actividad turística. El censo de 2025 confirmó que un 32% de los residentes restantes tiene contemplado mudarse por el alto costo de vida, incluyendo impuestos prediales y servicios públicos impagables.
Segundo, la regulación selectiva del suelo: el Decreto 0977 de 2001 y sus Artículos 181 y 182 establecen normas de protección para Getsemaní, pero su aplicación ha sido desigual. Las brigadas del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC – se han concentrado en supervisar avisos publicitarios en fachadas, asegurando que cumplan con «materialidad, dimensiones y estética» patrimonial, pero la regulación no ha impedido la conversión masiva de viviendas en hoteles y restaurantes. Esa selectividad crea un entorno favorable al capital pues se observa que es suficientemente laxo para permitir altas densidades comerciales, pero suficientemente estricto para excluir mejoras autogestionadas de los residentes de bajos ingresos.
Tercero, las «mejoras» urbanas (peatonalizaciones, iluminación, seguridad) suelen orientarse al visitante y no al residente, elevando el atractivo del barrio para la inversión y, con ello, los precios del suelo. La legislación turística posterior, como la Ley 2068 de 2020, que exige Registro Nacional de Turismo para alquileres menores a 30 días, no ha logrado frenar la proliferación de plataformas de alquiler vacacional, y los focos principales de parahotelería ilegal se concentran precisamente en Getsemaní y otras zonas turísticas de Cartagena.
El marco normativo colombiano en materia patrimonial tiene raíces antiguas. La Ley 32 de 1924, que prohibió la demolición de murallas, castillos y fuertes de Cartagena, marcó el inicio de la protección monumental. Sin embargo, estas normas se enfocaron en la materialidad física y desatendieron el componente humano. El Plan de Ordenamiento Territorial -POT – y los instrumentos de control urbano locales históricamente perdieron la carrera contra la ilegalidad y el cambio de uso del suelo residencial a comercial.
3. El Plan Especial de Salvaguardia ‘Vida de Barrio’
El 17 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el Plan Especial de Salvaguardia -PES – de la ‘Vida de Barrio’ de Getsemaní, incluyéndolo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Se trata del primer PES en Colombia enfocado en proteger la vida comunitaria de un barrio urbano, reconociendo el patrimonio integral, es decir, no solo los bienes materiales, sino la vida cotidiana, la memoria y las formas de habitar el barrio.
El PES incluye varias líneas de acción estratégicas como son: proyectos de retorno y repoblamiento, fortalecimiento del calendario festivo, salvaguardia de los espacios urbanos y públicos, recuperación de la vocación residencial, incentivos tributarios y tarifas preferenciales en servicios públicos, y coordinación con los planes urbanos del Centro Histórico y el POT de Cartagena.
En abril de 2026, la Alcaldía de Cartagena y líderes comunitarios avanzaron en una hoja de ruta conjunta que incluye medidas concretas, entre otras la actualización catastral para diferenciar predios comerciales de residenciales, creación de un impuesto predial diferencial para residentes, ajustes en tarifas de servicios públicos y el proyecto ‘La Resistencia’, que contempla la construcción de 200 viviendas de interés cultural para el retorno de más de 800 personas nativas.
Sin embargo, el PES enfrenta una tensión de fondo. Se apoya en la cultura como objeto de protección, sin tocar necesariamente las causas económicas de la expulsión. Definir a Getsemaní como «patrimonio» y «modo de vida único» refuerza su singularidad, y esa singularidad es precisamente lo que el capital turístico busca consumir. La frontera entre proteger la cultura y mercantilizarla se vuelve borrosa. Si el Plan no altera la estructura de incentivos -renta del suelo, impuestos, regulación de alquileres turísticos-, puede convertirse en una «gobernanza cultural de la gentrificación», o sea un discurso que legitima la conservación simbólica mientras el barrio se vacía.
4. Getsemaní, el barrio nunca ha sido pasivo
La gentrificación de Getsemaní desborda la simple noción de ‘renovación urbana’. Analizada críticamente, constituye un desalojo estructural sistemático donde se desplaza a los hacedores de la cultura para vender una réplica estetizada y vacía de su propia memoria a los visitantes del Norte y Sur global. Getsemaní corre el riesgo inminente de mutar en un parque temático desprovisto de ciudadanos.
El PES ‘Vida de Barrio’ representa un primer paso indispensable ya que instala el problema en la agenda pública, obtiene reconocimiento nacional y arranca compromisos concretos. Pero si no enfrenta la brecha de renta, si no revierte los incentivos mediante impuestos diferenciados efectivos, regulación real de alquileres turísticos, inversión pública en vivienda social y mecanismos de control comunitario del suelo, puede quedarse en una política de contención simbólica. La cultura no se salva solo con declaratorias; se salva manteniendo a quienes la producen.
La historia de Getsemaní enseña que el barrio nunca ha sido pasivo. Creó su espacio en los márgenes del orden colonial, levantó la bandera independentista antes que las élites, reconstruyó su vida comunitaria en medio de la violencia y el abandono. Hoy enfrenta un adversario más difuso y quizá más poderoso: una lógica de capital que opera bajo los nombres de «patrimonio» y «desarrollo». Fieles a su herencia libertaria de 1811, el centenar de familias que aún resisten demuestran que el patrimonio no son las paredes coloniales, sino la gente que las habita. Solo blindando la permanencia económica y social de sus habitantes nativos se podrá asegurar que Getsemaní siga siendo un barrio vivo, y no solo una postal trágica del turismo globalizado.
* Ingeniero civil, especialista en Análisis y Gestión Ambiental, Gerencia Pública, Consultoría Ambiental y Gerencia de Proyectos de Construcción. Gerente de Proyectos de Enterritorio SA y exgerente de Aguas de Bolívar SA-ESP;
Las opiniones expresadas por el autor de esta columna no reflejan necesariamente las de la institución donde trabaja.
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