Venezuela, Estados Unidos y el Caribe
21 Dic 2025

Por Álvaro Viloria Romero *
La extraordinaria riqueza natural de Venezuela -petróleo, gas, oro, hierro y diamantes – revela un patrón histórico persistente: los territorios con mayores reservas estratégicas suelen convertirse en espacios de disputa, intervención y presión externa. En el contexto actual, marcado por la crisis relativa de hegemonía de Estados Unidos, la reconfiguración del orden global y la competencia entre grandes potencias, Venezuela y el Mar Caribe adquieren una importancia estratégica renovada. Este escenario no solo afecta a los actores directamente involucrados, sino que tiene impactos profundos sobre la Región, particularmente sobre Colombia, que se ve atrapada entre la confrontación geopolítica y sus propias limitaciones estructurales.
Venezuela ocupa una posición singular dentro de este sistema: posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (más de 300 mil millones de barriles), importantes reservas de gas natural (200 mil millones de pies cúbicos), las mayores reservas de oro de América del Sur (10 mil toneladas), las mayores reservas de hierro del mundo (14.700 millones de toneladas) e importantísimas reservas de diamantes (1.020 millones de quilates). Esta abundancia ha definido históricamente su modelo económico, basado en el extractivismo y la renta petrolera. Si bien este modelo permitió durante décadas financiar al Estado y sostener políticas sociales, también generó una profunda dependencia de los mercados internacionales y de los precios de las materias primas.

Desde una mirada crítica, esta dependencia ha limitado la diversificación productiva y ha hecho a Venezuela especialmente vulnerable a los ciclos económicos globales y a la presión externa. En este sentido, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos no pueden entenderse únicamente como medidas políticas, sino como instrumentos de coerción económica estructural, orientados a debilitar la capacidad del Estado venezolano para administrar y distribuir la renta de sus recursos estratégicos.
La economía política del conflicto revela que la disputa central no gira solo en torno al régimen político venezolano, sino al control de la renta energética y mineral, elemento clave para la acumulación de capital y el poder estatal en el sistema internacional.
En este contexto, América Latina vuelve a adquirir relevancia estratégica como espacio tradicional de influencia. Venezuela, por su riqueza energética y su ubicación geográfica, representa un desafío particular al orden regional históricamente dominado por Washington. El acercamiento venezolano a potencias extranjeras hemisféricas ha sido percibido como una amenaza directa a los intereses estadounidenses, lo que explica en parte la intensidad de la presión diplomática, económica y militar ejercida sobre el país.
Desde el realismo en relaciones internacionales, este comportamiento responde a la lógica de preservación del poder y de contención de actores rivales. Desde una perspectiva crítica, sin embargo, revela cómo el discurso de la democracia, los derechos humanos y la seguridad regional puede ser utilizado como marco legitimador de estrategias de control económico y geopolítico.

El Mar Caribe ha sido históricamente un espacio de disputa entre potencias. En la actualidad, funciona como corredor estratégico para el transporte de petróleo y gas, zona de proyección naval y militar y plataforma de control geopolítico sobre América Central y el norte de Suramérica.
Controlar el Caribe implica controlar flujos de energía, comercio y seguridad regional. Desde esta perspectiva, la presencia militar estadounidense en la Región no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia de dominio territorial ampliado. Venezuela, al ocupar un lugar central en este espacio, se convierte en un nodo clave dentro del sistema geopolítico regional.
La geografía, por tanto, no es un factor neutral, sino una condición estructural del conflicto, que explica tanto el interés externo como la intensidad de las tensiones.
Impacto económico y social: La migración venezolana ha tenido efectos profundos en Colombia. Millones de personas han cruzado la frontera en busca de mejores condiciones de vida, generando presiones significativas sobre los sistemas de salud, educación y empleo. Este fenómeno evidencia cómo las crisis geopolíticas producen costos sociales asimétricos, que recaen de manera desproporcionada sobre los países vecinos.
La frontera colombo-venezolana se ha convertido en un espacio de alta conflictividad, marcado por la militarización, la presencia de economías ilegales y el abandono estatal. Desde una perspectiva geográfica, estas regiones fronterizas funcionan como territorios de sacrificio, donde se materializan las tensiones del sistema internacional.
Este escenario también revela las limitaciones de los países latinoamericanos para construir proyectos de desarrollo soberanos y coordinados. La falta de integración regional y la dependencia de las potencias externas perpetúan un modelo en el que la región sigue siendo proveedora de materias primas y escenario de disputas ajenas.
La economía política del conflicto muestra que las sanciones, la presión diplomática y la militarización no son anomalías, sino herramientas estructurales del sistema internacional contemporáneo.
Estados Unidos, en un contexto de crisis hegemónica, busca preservar su dominio regional y limitar la proyección de actores rivales. Colombia, por su parte, asume gran parte de los costos sociales, económicos y geopolíticos de esta confrontación, sin ser un actor decisorio central.
Comprender esta crisis exige reconocer que el problema no radica únicamente en las decisiones de los gobiernos, sino en la forma estructural en que América Latina se inserta en el sistema mundial. Sin mayor integración regional, soberanía económica y control estratégico del territorio, la región continuará siendo escenario de conflictos que responden más a intereses globales que a las necesidades de sus pueblos.
* Gerente de Proyectos de Enterritorio SA y exgerente de Aguas de Bolívar SA-ESP; Ingeniero civil, especialista en Análisis y Gestión Ambiental, Gerencia Pública, Consultoría Ambiental y Gerencia de Proyectos de Construcción.
Las opiniones expresadas por el autor de esta columna no reflejan necesariamente las de la institución donde trabaja.
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