Cartagena, el contrato y el agua que sigue pendiente
24 May 2026
Por Álvaro Viloria Romero *
Ayer, en nuestro artículo ‘Cartagena y el agua‘ (hacer click), describimos la fragilidad del sistema de agua potable en La Heroica: una sola planta al límite, un corredor vulnerable, una ciudad que creció más rápido que su infraestructura hídrica.
Hoy la inquietud es otra, ya que detrás de esa vulnerabilidad técnica existe una discusión igual de importante y más incómoda: ¿cómo se tomaron las decisiones contractuales y urbanísticas que nos trajeron hasta aquí, y qué puede hacer Cartagena para que esto no vuelva a ocurrir?
La crisis del agua en Cartagena no es un accidente técnico, es la manifestación de decisiones que se tomaron -y de algunas que se aplazaron – durante tres décadas. Entender esa historia es indispensable para entender lo que viene.
Un modelo que nació con una promesa y una asimetría
En 1995, Cartagena tenía un sistema de agua en crisis: pérdidas del 50%, cobertura del 73%, redes obsoletas. En ese contexto nació Aguas de Cartagena -Acuacar -como sociedad mixta: el Distrito posee el 50% (clase A), Aguas de Barcelona -Agbar – el 45,9% (clase C), y privados minoritarios el 4,1% (clase B). Los primeros resultados fueron realmente positivos y la gestión de Acuacar transformó radicalmente el servicio. Los indicadores lo demuestran:
- Cobertura de acueducto: pasó del 73,1% al 99% (+25,9 puntos).
- Cobertura de alcantarillado: del 60,6% al 91% (+30,4 puntos).
- Usuarios de acueducto: de 92.572 a 326.000 (+252%).
- Producción diaria de agua: de 165.000 m³ a 230.000 m³ (+39%).
- Continuidad: de un servicio discontinuo a casi el 100%.
- Se construyeron 1.149 kilómetros de redes, 36 estaciones de bombeo, 17.446 cámaras de inspección, el emisario submarino, la planta El Cerro, planta de lodos y, en 2026, la tercera interconexión Albornoz-El Bosque. Proyectos de alcantarillado en Bayunca-Pontezuela y Arroz Barato (con cofinanciación de Ecopetrol) demuestran avances en la periferia.
En términos técnicos, la alianza público-privada funcionó: Agbar (hoy Veolia) aportó conocimiento, estándares internacionales y disciplina operativa. El agua de Cartagena hoy cumple estándares de potabilidad y el servicio es de los más continuos del país.
Pero este éxito tuvo un precio, y ha sido pagado casi íntegramente por el Distrito y la Nación. El Acuerdo 05 de 1994 estableció que las inversiones serían financiadas por lo público, no por el operador. Entre 1995 y 2010 se invirtieron $604.220 millones: el Distrito aportó $366.318 millones y la Nación $237.901 millones. El operador no puso capital de riesgo.
Para garantizar créditos del Banco Mundial por $253.494 millones, el Distrito pignoró el 18% del impuesto predial. Los accionistas privados han recibido dividendos netos en 2022 de $31.387 por acción, y el Distrito capta el 50% de las utilidades, pero esa mitad se ve compensada por la pignoración y la carga de inversión.
Un estudio del Centro de Estudios del Trabajo -Cedetrabajo – califica este modelo como una «privatización con financiación pública»: el operador recibe utilidades sin asumir el riesgo de capital, mientras que el Distrito se endeuda y pignora ingresos corrientes. La asimetría contractual es evidente: hoy Veolia (antes Agbar) controla el 45,9% de las utilidades con una inversión patrimonial prácticamente inexistente en infraestructura.
La modernización fue real, pero fue financiada con recursos públicos mientras el riesgo quedaba en manos del Estado. Un modelo que logra modernización con inversión pública, mientras el riesgo queda en el Estado y los beneficios operativos en manos privadas, produce resultados en el corto plazo, pero acumula una asimetría estructural que tarde o temprano se manifiesta. En Cartagena, esa manifestación llegó en 2026.
La prórroga y las inversiones pendientes
La prórroga de 2014: la extensión a 40 años sin licitación conferida por el gobierno de Dionisio Vélez Trujillo,) fue polémica. El Concejo cuestionó la falta de estudios soportados y la modificación del objeto social más allá de lo establecido en el Acuerdo 05 de 1994 (leer ‘Dos años después de firmada, prórroga a Acuacar será ‘revisada’ por la Contraloría‘ y ‘¿Quién prescribió el proceso contra Dionisio Vélez por prorrogar el contrato con Acuacar?… y otras inquietudes‘).
Pero el punto de quiebre llegó con el ‘Otrosí’ de 2015, también bajo el mandato de Dionisio Vélez, en donde la empresa se comprometió a invertir $250 mil millones, pero una década después apenas ha ejecutado $36 mil millones (14%). La Contraloría detectó hallazgos fiscales por más de $239 mil millones y señaló una desfinanciación estructural y un sobreendeudamiento que pone en riesgo los activos del Distrito.
En debates de control político de 2025 se reveló que Acuacar tiene pérdidas de agua superiores al 40%, un recaudo ineficiente y una cartera morosa que supera los $318 mil millones. El endeudamiento de la empresa excede el 76% de sus activos.
El antecedente del emisario submarino (hundido por contratistas externos) dejó heridas: aunque Acuacar y el Distrito fueron declarados víctimas, el laudo arbitral a favor de Cartagena por $25 mil millones no fue transferido a la empresa, evidenciando fricciones históricas.
El agua como modelo de ciudad
La discusión del agua en Cartagena ya no puede limitarse a tuberías, plantas o inversiones; también obliga a revisar cómo se planificó el crecimiento urbano durante las últimas dos décadas.
Mientras amplios sectores de la ciudad enfrentan intermitencia y baja presión, nuevos desarrollos continúan construyéndose alrededor del agua como principal atractivo paisajístico y comercial. Lagunas artificiales, espejos de agua, complejos turísticos y urbanizaciones de alta densidad se multiplicaron especialmente hacia la Zona Norte.
Acuacar reportó la incorporación de más de 10 mil nuevos usuarios solo en 2025, al mismo tiempo reconocía que la Planta El Bosque operaba prácticamente al límite.
La expansión urbana no fue solo un fenómeno de mercado, además fue el resultado de decisiones de planeación que autorizaron densidades y usos del suelo sin verificar previamente la capacidad de los servicios públicos para soportarlos. Barrios diseñados para baja densidad vieron multiplicarse su población y zonas periféricas recibieron proyectos sin que la infraestructura hídrica avanzara al mismo ritmo.
No se trata de cuestionar el desarrollo. La discusión de fondo es otra: ¿existe capacidad hídrica suficiente para sostener la ciudad que Cartagena sigue autorizando construir? Porque detrás de cada licencia urbanística también existe una discusión sobre disponibilidad de servicios, presión futura sobre las redes y capacidad real del sistema.
El crecimiento de Cartagena puede convertirse en una oportunidad histórica para fortalecer su infraestructura y cerrar brechas, pero eso exige que la planeación urbana, la expansión y los servicios públicos vuelvan a dialogar con criterios técnicos verificables y no solo con voluntad política.
Las opciones que tiene la ciudad
El ultimátum del alcalde Dumek Turbay Paz: «Resuelven o resolvemos», describe el momento. Detrás hay tres caminos reales, cada uno con sus implicaciones.
El primero es una renegociación profunda del contrato: metas de inversión vinculantes, cronogramas verificables y transferencia real del riesgo al operador. Es el camino más viable en el corto plazo, y el que más depende de la voluntad de todas las partes.
El segundo es la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, ya que la Ley 142 de 1994 le otorga facultades para exigir inyección de capital, ordenar el cumplimiento de compromisos o decretar medidas más drásticas. Es más lento jurídicamente, pero está respaldado por la norma vigente.
El tercero, mencionado por el alcalde Turbay como posibilidad real, es que el Distrito asuma directamente la operación como socio mayoritario con el 50% de la empresa; y tiene la facultad legal. La pregunta es si tiene la capacidad técnica y administrativa para operar un sistema de esta complejidad sin generar mayor incertidumbre en el corto plazo.
Ninguna opción es sencilla, pero las tres son preferibles al statu quo.
Lo que Cartagena necesita: cuatro compromisos
Más allá de la coyuntura, la crisis del agua revela la necesidad de los siguientes compromisos estructurales que trasciendan el debate entre Distrito y operador:
- Renegociar el contrato con metas de inversión vinculantes, cronogramas públicos y verificables, y consecuencias claras si no se cumplen. No más promesas sin respaldo técnico.
- Crear un observatorio ciudadano del contrato: acceso abierto a los datos de inversión, calidad del servicio y cumplimiento de metas. La información sobre el agua no puede seguir siendo de difícil acceso para la ciudadanía.
- Completar las fases pendientes de la planta de Pasacaballos con recursos del operador -no del Estado – como parte de la renegociación. Esa infraestructura existe y debe crecer.
- Vincular el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial a un compromiso hídrico verificable: ningún gran proyecto de construcción debería recibir licencia sin que el sistema tenga capacidad real para abastecerlo.
Son cuatro compromisos que no requieren ideología, requieren voluntad institucional, rigor técnico y continuidad administrativa, precisamente lo que la inestabilidad política de la última década dificultó.
La ciudad que todavía puede elegir
La crisis de 2026 deja dos cosas:
- Una lección incómoda: Cartagena creció más rápido que parte de su infraestructura esencial
- Y una oportunidad: la posibilidad de corregir el rumbo antes de que las vulnerabilidades se conviertan en una crisis estructural aún mayor.
Porque el agua no es solamente un servicio público más, es la infraestructura que sostiene el turismo, la industria, la expansión urbana y la vida cotidiana de más de un millón de personas.
La verdadera discusión no es solamente quién administra el agua, es si Cartagena será capaz de usar su crecimiento para construir una ciudad más resiliente, más equilibrada y con menos brechas entre el norte y el sur, entre el turismo y los barrios, entre el desarrollo y la vida cotidiana de quienes todavía esperan servicios básicos dignos.
Porque el agua, al final, no solo sostiene la ciudad, igualmente revela el tipo de ciudad que Cartagena decidió construir y el tipo de ciudad que todavía puede elegir ser.
Fuentes y referencias:
Acuacar (acuacar.com): Boletines informativos 2024-2026; informe de nuevos usuarios 2025; Plan Maestro de Acueducto. El Universal (eluniversal.com.co): Planta El Cerro en operación, jul. 2020; debate Concejo contrato Acuacar, mar. 2024; crisis hídrica mayo 2026. Alcaldía de Cartagena (cartagena.gov.co): Declaraciones alcalde Turbay sobre Acuacar, oct. 2024. Contraloría Distrital de Cartagena: Actuación especial de fiscalización Acuacar; hallazgos Otrosí 2015. 724 Noticias (724noticias.com.co): Hallazgos Contraloría contrato Acuacar-Distrito, dic. 2024. El Heraldo (elheraldo.co): Crisis del agua Cartagena, mayo 2026. Concejo de Cartagena: Debate sesión ordinaria sobre contrato Acuacar, 2024. DANE (dane.gov.co); Pobreza Monetaria Cartagena 2024. Banco Mundial: Informes de gestión hídrica Acuacar, 1995-2010. Ley 142/1994: Régimen de servicios públicos domiciliarios.
* Gerente de Proyectos de Enterritorio SA y exgerente de Aguas de Bolívar SA-ESP; Ingeniero civil, especialista en Análisis y Gestión Ambiental, Gerencia Pública, Consultoría Ambiental y Gerencia de Proyectos de Construcción.
Las opiniones expresadas por el autor de esta columna no reflejan necesariamente las de la institución donde trabaja.
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