La ciudad que se apaga
17 Jun 2026
Por Álvaro Viloria Romero *
El 24 de abril de 2026, a las 6:20 de la mañana, Cartagena amaneció a oscuras. Una falla en una línea nacional de 220 kilovoltios desconectó en cascada 15 subestaciones, entre ellas Ternera, Zaragocilla y Mamonal, el corazón industrial de la ciudad, y dejó sin energía a buena parte de la ciudad y municipios cercanos.
La zona industrial de Mamonal y los barrios populares se apagaron al mismo tiempo. Cuando la red falla, no hay redundancia eléctrica, hay una sola vulnerabilidad para todos. Antes del mediodía, el servicio comenzó a restablecerse, pero durante esas horas ocurrió algo que la ciudad conoce desde hace años y aún así sigue sin discutir con suficiente profundidad: cuando se va la luz, también se va el agua.
Esa fragilidad no distingue estratos ni sectores. En el Centro Histórico -Patrimonio de la Humanidad, destino turístico de talla mundial – los restaurantes y bares de la Calle de las Damas, las fondas de Getsemaní y los hoteles del sector comparten la misma vulnerabilidad que los hogares de Olaya Herrera: cortes no programados que dañan equipos de cocina, fluctuaciones que queman neveras industriales, interrupciones que obligan a cerrar en plena hora pico.
El impacto no llega solo como incomodidad, llega como pérdida económica concreta en ventas, en alimentos deteriorados, en equipos que no tienen reposición inmediata. Una ciudad que se vende al mundo como destino gastronómico y cultural no puede depender de una red que cede en el momento de mayor demanda turística. Y tiene, en esa misma fragilidad, el argumento más poderoso para buscar alternativas propias.
Cuando se va la luz en Cartagena, se van las bombas del acueducto y con ellas el agua. Se van los semáforos y con ellos la movilidad. Se van los nodos de telecomunicaciones, que tienen baterías para pocas horas. Se va la cadena de frío de los medicamentos en las clínicas y hospitales. En una ciudad moderna, la energía eléctrica no es un servicio más: es el sistema nervioso que conecta y sostiene a todos los demás. Y en Cartagena, ese sistema nervioso depende de una sola línea de transmisión que nadie controla desde aquí.
Con 34 grados de temperatura en la calle, quedó expuesta una fragilidad que va mucho más allá de un apagón aislado. Cartagena depende de una infraestructura energética que no controla completamente y cuya vulnerabilidad impacta desde el suministro de agua hasta la vida cotidiana de cientos de miles de personas.
La primera ciudad que se encendió y una de las últimas en garantizar el servicio
En 1893, Cartagena fue una de las primeras ciudades de Colombia en tener electricidad. Mientras buena parte del país apenas comenzaba a experimentar con alumbrado público, la ciudad ya encendía bombillas en su centro urbano. Ese dato histórico suele citarse como símbolo de modernidad temprana, pero más de 130 años después todavía existen comunidades dentro del Distrito que no cuentan con un servicio eléctrico continuo y digno.
En Santa Cruz del Islote, una de las zonas insulares más densamente pobladas del Caribe colombiano, cientos de habitantes permanecieron meses enteros sin energía continua entre 2023 y 2024. En sectores de Tierrabomba y Bocachica, la relación con la electricidad todavía depende de plantas, conexiones precarias o sistemas solares que no recibieron mantenimiento suficiente.
La distancia entre el Centro Histórico iluminado de finales del Siglo XIX y las islas que aún padecen cortes permanentes no es únicamente geográfica, es una distancia social, institucional y urbana.
La herencia de un sistema que se deterioró durante décadas
La crisis eléctrica del Caribe no empezó con Afinia. Durante años, Electricaribe acumuló problemas de inversión, deterioro de redes, pérdidas técnicas y quejas ciudadanas que terminaron convirtiéndose en una de las mayores crisis de servicios públicos del país.
Cuando el Estado intervino la empresa en 2016 el sistema ya mostraba señales profundas de agotamiento. Afinia llegó en 2020 con una tarea enorme: modernizar infraestructura deteriorada, recuperar redes, mejorar la continuidad del servicio y estabilizar financieramente la operación.
Y sería injusto afirmar que no ha habido avances. Entre 2020 y 2025, Afinia invirtió $4 billones en infraestructura eléctrica, ocho veces lo que Electricaribe invirtió en promedio durante la década anterior. Solo en 2021 construyó tres nuevas subestaciones, 20 circuitos nuevos y más de 1.400 kilómetros de red.
Los indicadores de continuidad mejoraron más del 70% en 2025: en Bolívar, las horas promedio de interrupción bajaron de 109,5 en 2019 a 60,16 en 2025, según balance de gestión de la empresa verificado por la Superintendencia de Servicios Públicos. La empresa invirtió un 213% más que otros operadores del país en modernizar redes y subestaciones.
Son avances reales que es justo reconocer, pero conviven con una tensión estructural que el propio operador admite; en enero de 2025 el Gobierno Nacional adeudaba más de $1,7 billones entre subsidios no pagados y opción tarifaria. La red mejora, pero depende de que el Estado cumpla compromisos que lleva años difiriendo.
La empresa incrementó inversiones, mejoró indicadores de continuidad y redujo parte de las interrupciones históricas, pero la magnitud del rezago acumulado sigue siendo enorme, especialmente en los sectores más vulnerables.
Las tres Cartagenas eléctricas
La energía no funciona igual para todos en Cartagena y esa diferencia también dibuja el mapa de la desigualdad urbana.
Existe una Cartagena formal: Bocagrande, Manga, Crespo, el Centro Histórico, los sectores de estratos medios y altos -donde el servicio opera con relativa estabilidad y donde los cortes programados suelen anunciarse con días de anticipación. Cuando hay fluctuaciones, existe la vía de la reclamación. Cuando se daña un electrodoméstico, existe el recurso legal. No es un servicio perfecto, pero tiene reglas y tiene interlocutores.
Existe también una Cartagena subnormal: barrios con redes precarias, transformadores comunitarios, conexiones improvisadas y facturación colectiva donde muchas familias viven pendientes de un cable que nadie instaló formalmente.
Y existe una tercera Cartagena: la insular. La de Tierrabomba, Punta Arena, Bocachica o el Islote. Comunidades que hacen parte del Distrito turístico más importante del Caribe colombiano, pero que todavía enfrentan enormes limitaciones para acceder a energía continua y de calidad.
En Bocachica, el corregimiento de Tierrabomba que durante la Colonia defendió a Cartagena con sus fuertes, la electricidad llegó tan tarde que en 1997 el presidente Samper tuvo que comprometerse a no inaugurar el Fuerte San Ángel si antes no llevaban la luz al pueblo. La comunidad lo recibió con una frase que todavía resuena: «presidente, la lú, la lú, la lú». Era una exigencia, no una bienvenida.
En febrero de 2026, Bocachica completó 25 días consecutivos sin electricidad. En su colegio etnoeducativo, con más de 1.100 estudiantes, entre 30 y 40 alumnos dejaban de asistir cada día por el calor sin ventilación. Afinia instaló un transformador el 4 de marzo y en un comunicado pidió a la comunidad mantenerse al día con el pago.
En Santa Cruz del Islote, tres gobiernos consecutivos prometieron soluciones de paneles solares que fallaron, la isla estuvo 122 noches a oscuras hasta febrero de 2024. Ciento treinta años después de la primera bombilla en el Centro Histórico, una distancia que no es geográfica sino política; así lleva más de tres décadas sin resolverse.
En algunos sectores el problema no es únicamente la voluntad de pago; también es la forma en que históricamente llegó -o no llegó – la infraestructura. Los números de la desigualdad eléctrica en Cartagena tienen nombre y cifra. En 165 mil familias clasificadas como subnormales dentro del área de Afinia, el recaudo efectivo apenas alcanza el 5% de lo facturado. En estrato 1, el pago llega al 47%; en estrato 6, supera el 102%. No es que la gente no quiera pagar, es que el sistema llegó tarde, llegó mal, y sigue llegando sin la infraestructura que permite formalizarse.
La Corte Constitucional lo ha dicho con claridad: la falta de energía eléctrica genera per se un perjuicio irremediable, porque los servicios públicos están amparados por derechos fundamentales. La Sentencia T-761 de 2015 desarrolló el concepto de pobreza energética (la imposibilidad de garantizar electricidad mínima para refrigerar alimentos o protegerse del calor) y estableció sus consecuencias directas sobre el derecho a la salud y la vida digna. La Corte también estableció que a colegios y hospitales no se les puede suspender el servicio por falta de pago. En la Cartagena insular y subnormal, esa jurisprudencia todavía espera aplicación real.
El calor como desigualdad
En Cartagena el calor no afecta a todos por igual. En varios barrios populares muchas familias limitan el uso del aire acondicionado a unas pocas horas de la madrugada para evitar facturas imposibles de pagar; hay tiendas que desconectan neveras parte del día para reducir consumo y hay niños que estudian de noche bajo ventiladores intermitentes o bombillas compartidas.
La discusión energética no es solamente técnica. Un dato lo resume con precisión: un hogar de estrato 1 en el Caribe paga en promedio más del doble que uno en condiciones similares en Bogotá, sin siquiera tener aire acondicionado. Si lo prende -y con 34 grados no es un lujo sino una necesidad – un equipo de uso regular añade hasta $200.000 adicionales a la factura mensual. Para una familia que ya destina una parte desproporcionada de sus ingresos a la energía, ese grado de más en el termóstato no es una decisión de confort, es una decisión entre la factura y la comida. También es una discusión sobre calidad de vida y desigualdad climática.
Una ciudad que depende de una red lejana
Cartagena produce muy poca de la energía que consume aunque alberga infraestructura estratégica para el sistema nacional; sigue dependiendo de redes externas cuya vulnerabilidad termina impactando directamente a la ciudad.
El apagón de abril dejó algo claro: una falla ocurrida fuera de Cartagena puede paralizar buena parte de su vida urbana.
El 11 de junio de 2026, el Gobierno Nacional confirmó oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia. El Ideam reportó que las condiciones ya están presentes en el Océano Pacífico ecuatorial y que el evento llegó tres meses antes de lo previsto. Los modelos climáticos estiman un 96% de probabilidad de que persista hasta enero de 2027 y un 63% de que alcance intensidad muy fuerte, lo que lo convertiría en uno de los más intensos desde 1950. Para el Caribe, que ya venía con la red eléctrica al límite, esa declaratoria no es una advertencia de futuro, es una presión que ya comenzó.
El problema no es solamente producir más energía, también es cómo las ciudades se preparan para consumirla de manera más inteligente y eficiente. Y ahí es donde Cartagena todavía tiene enormes desafíos pendientes.
Los datos de mayo de 2026 lo confirman con precisión: el consumo de energía en la Región Caribe creció un 13,3% respecto al mismo período del año anterior, según el operador XM. En mayo, Colombia entera rompió registros históricos de demanda eléctrica y el Caribe lideró ese crecimiento. El gerente de Afinia, Ricardo Arango, lo describió sin eufemismos: «el incremento ha sido exponencial y está exigiendo al límite la red de energía eléctrica. Estamos registrando permanentes sobrecargas en los diferentes circuitos y transformadores». Cada grado que un usuario baja en su aire acondicionado por debajo de los 24°C incrementa el consumo energético en un 8%, que al multiplicarlo por cientos de miles de hogares, ese grado es la diferencia entre una red que aguanta y una red que se cae.
El 12 de junio de 2026, el Palacio de la Proclamación en el Centro Histórico de Cartagena fue escenario de una audiencia pública sobre la crisis tarifaria y justicia energética, convocada por el presidente del Congreso, Lidio García Turbay. En dicho evento, el alcalde Dumek Turbay afirmó: «no creo que un operador como Afinia esté perdiendo plata». Y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, propuso un mecanismo nacional de solidaridad tarifaria. La Contraloría, los gremios y los generadores coincidieron en que la crisis energética del Caribe debe dejar de ser un problema regional para convertirse en un asunto de interés nacional. La audiencia concluyó con un llamado conjunto manifestando que lo que la región necesita del próximo gobierno es más concreto que promesas de campaña: que pague la deuda de subsidios acumulada con las empresas, que destrabe los parques eólicos de La Guajira y que garantice que la única regasificadora del país (ubicada en Barú, Cartagena) no tenga que soportar sola el verano que viene.
Para el Centro Histórico y Getsemaní, donde la normativa protege las cubiertas coloniales, la respuesta no llega por los techos. Llega por otras vías: pinturas reflectantes en fachadas que reducen la temperatura superficial sin alterar la apariencia colonial, equipos de refrigeración eficientes que bajan el consumo entre un 30% y un 40%, y enredaderas y bugambilias en muros como barrera térmica natural que el IPCC permite. Y hay una opción más audaz, como es implementar una Comunidad Energética del sector turístico que genere su propia electricidad fuera de las murallas. La ley ya lo permite, pero nadie lo ha hecho todavía.
Algo adicional que pocos conocen es el mantenimiento programado de la Regasificadora del Atlántico SPEC que está previsto para realizarse entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026, justo en pleno El Niño. El Ministerio de Energía ya adoptó medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de gas durante ese período. Si la cadena falla, las consecuencias no son solo para Cartagena, sino para todo el sistema eléctrico interconectado nacional.
El problema no termina en los cables
La discusión energética de Cartagena suele quedarse atrapada entre tarifas, apagones y operadores, pero hay una pregunta mucho más profunda: ¿por qué la ciudad necesita cada vez más energía para sostener su vida cotidiana? Parte de la respuesta está en la forma como Cartagena creció; es así cómo, durante décadas, la expansión urbana avanzó sobre concreto, asfalto y superficies calientes mientras la cobertura vegetal quedaba rezagada. Y en una ciudad donde la temperatura organiza buena parte de la vida diaria, eso también tiene consecuencias eléctricas. Esa es una conversación que Cartagena apenas empieza a dar.
Cartagena no consume más energía solo porque tiene más usuarios; consume más porque tiene más calor y tiene más calor porque durante décadas urbanizó sin sombra. Esa conexión entre el árbol ausente y la factura que sube es la conversación que falta, y es el punto de partida de la siguiente entrega.
FUENTES:
Noticias RCN / El Universal. Apagón del 24 de abril de 2026 en Cartagena: impacto en acueducto y semaforización. Abril 2026.
Afinia / Grupo EPM. Balance de gestión 2025. Indicadores SAIDI/SAIFI, inversión 2020–2025 y declaraciones del gerente Ricardo Arango. Marzo 2026.
La República / Semana. Afinia: inversión histórica en la Región Caribe. 4 billones de pesos 2020–2025. Enero 2022 / Diciembre 2024.
Superintendencia de Servicios Públicos. Intervención a Electricaribe y evaluación de Afinia. 2016 / Abril 2025.
Bluradio / El Universal. Inversión Afinia 2025 en vilo por deuda del Gobierno nacional: 690.000 millones en subsidios y 1 billón en opción tarifaria. Enero 2025.
Ideam / MinAmbiente. Declaratoria oficial del fenómeno de El Niño en Colombia. 11 de junio de 2026.
XM — Operador del Sistema Nacional. Datos de demanda eléctrica récord mayo 2026: +13,3% región Caribe.
El Heraldo. Ministerio de Energía: medidas para garantizar gas durante mantenimiento planta SPEC, Barú. 12 de junio de 2026.
Chicanoticias / Semana. Audiencia pública del Senado sobre crisis tarifaria y justicia energética. Palacio de la Proclamación, Cartagena. 12 de junio de 2026.
El Universal. Bocachica: 25 días sin electricidad, colegio con 30–40 alumnos menos por día. Transformador instalado el 4 de marzo de 2026.
Mutante / Liga contra el Silencio. Islas sin luz: Islote, Bocachica, Tierrabomba — tres gobiernos fallaron con los paneles solares. 2024.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencias T-281/12 y T-761/15. Pobreza energética y derechos fundamentales al servicio público.
Cartagena Cómo Vamos. Informe de energía eléctrica 2024. Indicadores de calidad y cobertura.
OLACDE / CEPAL. Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2025.
* Gerente de Proyectos de Enterritorio SA y exgerente de Aguas de Bolívar SA-ESP; Ingeniero civil, especialista en Análisis y Gestión Ambiental, Gerencia Pública, Consultoría Ambiental y Gerencia de Proyectos de Construcción.
Las opiniones expresadas por el autor de esta columna no reflejan necesariamente las de la institución donde trabaja.
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