La crisis ambiental en la Bahía de Cartagena
03 Ago 2025
Por Álvaro Viloria Romero *
La Bahía de Cartagena, ubicada en la costa Caribe de Colombia, es un ecosistema estratégico que ha sido testigo de una rica historia y un desarrollo económico significativo, pero también de una crisis ambiental multifactorial que amenaza su sostenibilidad. Este cuerpo de agua, vital para la biodiversidad y las comunidades locales, enfrenta desafíos como la sedimentación del Canal del Dique, la contaminación industrial histórica y los conflictos socioambientales, agravados por el cambio climático y la presión urbana.
Presentamos un sucinto análisis de estos problemas, actualizados hasta hoy con algunas propuestas de soluciones integrales que combinan ciencia, justicia ambiental y participación comunitaria para garantizar la conservación de este valioso recurso natural.
Su conexión con el Canal del Dique, una vía artificial construida en el siglo XVII para unir el río Magdalena con el Caribe, ha sido un factor determinante en su transformación ecológica.
A lo largo de los siglos, decisiones de infraestructura sin criterios ambientales, como la rectificación y ampliación del canal y la instalación de industrias en el área de Mamonal, han contribuido al deterioro progresivo del ecosistema, sentando las bases para los desafíos actuales.
Los manglares y pastos marinos que rodean la bahía proporcionan servicios ecosistémicos esenciales, como la captura de carbono, la protección contra la erosión costera y el sustento de la pesca artesanal.
Económicamente, la bahía es un pilar fundamental para la región: el puerto de Cartagena maneja millones de toneladas de carga anuales, mientras que el turismo y la pesca generan ingresos para miles de familias.
Sin embargo, esta dependencia económica ejerce una presión insostenible sobre los recursos naturales, exacerbando los problemas ambientales y poniendo en riesgo su capacidad de resiliencia.
Principales desafíos ambientales:
Según estimaciones, anualmente ingresan millones de toneladas de sedimentos que afectan los ecosistemas marinos y reducen la profundidad de la bahía, complicando la navegación y la salud de los manglares.
En respuesta, se diseñó un proyecto de restauración de los ecosistemas degradados, con una inversión superior a US$500 millones, que busca rehabilitar 435 mil hectáreas y beneficiar a 1,5 millones de personas.
Sin embargo, hasta agosto de 2025, el proyecto permanece en pausa debido a retrasos en el licenciamiento ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, pese a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre la urgencia de su implementación.
Un fallo de la Corte Constitucional en 2015 ordenó a Dow pagar US$6 millones por un derrame ocurrido en 1989, pero hasta 2025 no se han registrado avances significativos en la remediación de las áreas afectadas.
La ausencia de auditorías toxicológicas actualizadas y de un plan concreto de descontaminación perpetúa el riesgo para la salud humana y el ecosistema, evidenciando una deuda histórica de justicia ambiental.
La iniciativa ‘Salvemos Varadero’, apoyada por pescadores y ambientalistas, ha logrado avances, como la propuesta de Cardique de declarar el área como protegida regional (Plan de Acción 2024-2027).
Además, en junio de 2025, el Ministerio del Interior reconoció la necesidad de una consulta previa con comunidades como Pasacaballos, Tierrabomba y Barú, fortaleciendo la participación de estos grupos en las decisiones sobre su territorio.
A pesar de estos esfuerzos, la presión del desarrollo económico sigue siendo una amenaza latente.
Los rellenos ilegales en zonas de manglares, la contaminación por hidrocarburos del tráfico marítimo y el turismo descontrolado contribuyen al deterioro del ecosistema.
El cambio climático, con el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos, añade una capa adicional de vulnerabilidad.
Proyectos como ‘Water as Leverage’ -WaL. – Cartagena, iniciado en 2025, buscan mejorar la sostenibilidad hídrica, pero su impacto aún es incipiente.
Remediación de áreas contaminadas: Implementar auditorías toxicológicas en Mamonal y un plan de descontaminación financiado por las empresas responsables bajo supervisión estatal.
Protección legal de ecosistemas vulnerables: Formalizar la declaratoria de Varadero como área protegida y extender esta medida a otros sectores críticos de la bahía.
Gestión de residuos: Modernizar el sistema de recolección de excretas y establecer programas de reciclaje y manejo de plásticos para reducir la contaminación urbana.
Educación ambiental y participación comunitaria: Fomentar la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones, apoyando iniciativas como «Salvemos Varadero» y fortaleciendo la educación sobre sostenibilidad.
Fortalecimiento institucional: Mejorar la coordinación entre entidades como Cardique, la ANLA y el Ministerio de Ambiente para agilizar la implementación de políticas ambientales.
Monitoreo científico: Crear una red de estaciones de monitoreo para evaluar la calidad del agua, la biodiversidad y los impactos del cambio climático en tiempo real.
Estas medidas deben integrarse en una estrategia de desarrollo sostenible que priorice la justicia ambiental y el bienestar de las comunidades dependientes de la bahía.
Los problemas del Canal del Dique, la contaminación industrial y los conflictos socioambientales, combinados con las presiones del cambio climático, exigen una respuesta urgente y coordinada.
Hasta hoy, los avances han sido limitados, pero iniciativas como el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del canal y los esfuerzos comunitarios en Varadero ofrecen esperanza. Transformar el modelo de desarrollo de la bahía requiere integrar ciencia, justicia ambiental y participación ciudadana para reconciliar su pasado con un futuro sostenible.
Solo así se podrá preservar este ecosistema estratégico para las generaciones venideras, asegurando que siga siendo un motor de vida y prosperidad en el Caribe colombiano.
* Gerente de Proyectos de Enterritorio SA y exgerente de Aguas de Bolívar SA-ESP; Ingeniero civil, especialista en Análisis y Gestión Ambiental, Gerencia Pública, Consultoría Ambiental y Gerencia de Proyectos de Construcción.
Las opiniones expresadas por el autor de esta columna no reflejan necesariamente las de la institución donde trabaja.
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